Sentencia 235/2024 · Exp. 04021-2022-HC

5. En el presente caso, este Tribunal advierte que, si bien se invoca el derecho a la debida motivación, gran parte de los argumentos vertidos en la demanda se relacionan con el criterio judicial de los demandados para realizar la valoración otorgada a los medios probatorios al interior del proceso penal. En efecto, el recurrente cuestiona asuntos tales como la valoración otorgada a lo declarado por el testigo agraviado y la determinación de la responsabilidad penal. Además, alega su inocencia, cuyo análisis no es atendible en sede constitucional, pues esa labor es competencia de la judicatura ordinaria. Por consiguiente, en este extremo es de aplicación el artículo 7, inciso 1 del Nuevo Código Procesal Constitucional. [...]

14. El recurrente aduce que las afirmaciones de que la prueba de cargo “ha sido actuada en la etapa de juzgamiento” y que la versión incriminatoria “ha sido ratificada en juicio oral”, esgrimidas en la ejecutoria suprema que declaró no haber nulidad en la sentencia condenatoria, son falsas, pues no es cierto que la única versión incriminatoria haya sido actuada en juicio oral, o que haya sido ratificada en la etapa de juzgamiento.

15. Conforme se ha expresado en el fundamento 9, supra, don [nombre omitido] no declaró en el juicio oral. No obstante, en la audiencia de juicio oral de fecha 16 de diciembre de 2014, fueron leídas las piezas procesales, entre ellas, la manifestación y la testimonial de don [nombre omitido], y la sala dispuso agregar a los autos los documentos presentados en este acto para ser merituados en su oportunidad. Por ende, sí fueron actuadas las declaraciones de don [nombre omitido] en la etapa de juzgamiento, conforme fue precisado en el cuestionado recurso de nulidad (sexto fundamento) como prueba documental.